[Venezuela] ¿Por qué la Oposición Venezolana va a Elecciones?

Como todos los conflictos que se han extendido a través de los años sin resolución en el mundo, Venezuela se ha convertido en un acertijo para muchas personas a nivel mundial, dado que ha adquirido matices difíciles de identificar y analizar. También como sucede con conflictos de esta naturaleza, es difícil lograr algunas conclusiones o acercarse a posibles desenlaces. Ciertamente, la situación en Venezuela representa un gran signo de interrogación.

La perversión del concepto de Asamblea Nacional Constituyente es a todas luces un artificio que traduce en realidad la amenaza del “Parlamento Comunal” con el que el régimen amenazó al país desde que perdieran la Asamblea Nacional. Su propósito es sustituir a las instituciones que son la camisa (política) de fuerza del chavismo, es decir, la Fiscalía General de la República y el Congreso. Recuerda mucho a la Constituyente de Lenin, un superpoder que apuntaba a la instalación de un régimen de partido único, como el de China y Cuba. La intención del chavismo parece ser la de huir hacia adelante y jugar a ser reconocido con el tiempo a nivel internacional como un sistema de partido único, un sistema autoritario que ya le es reconocido a los chinos y a los cubanos sin mayores problemas. ¿Permitirá el hemisferio una segunda dictadura en el siglo XXI en tanto el suministro de petróleo esté garantizado? Hasta ahora, el régimen no parece contar con apoyo suficiente para lograrlo.

Pero entonces, ¿por qué, después del fraude Constituyente y del “SmartmaticGate”, la oposición inscribió candidatos para participar en elecciones regionales que organizará el mismo Consejo Nacional Electoral controlado por el régimen? Lo que a primera vista parece una contradicción, podría estar escondiendo todo un engranaje de acuerdos que parecen trabajar en conjunto por el fin del desgobierno chavista bajo circunstancias extraordinarias. La respuesta a esta pregunta tiene muchas aristas y cada una es vital para tratar de comprender la estrategia integral de las coaliciones internas que buscan la salida del régimen.

La necesidad de repensar la estrategia de calle

Tras las sentencias de marzo del TSJ con el que empezó el autogolpe de Estado por parte del régimen, toda la oposición se vio unida por primera vez desde hacía mucho tiempo en torno a una misma estrategia: la protesta de calle como medio para alcanzar sus objetivos. Actores que en 2014 no apoyaron estas medidas, fueron vistos al frente de las protestas. Los avances alcanzados hasta ahora se deben en gran medida a la enorme presión de calle. Las marchas, aunque no llegaban a destino, conseguían un efecto desgaste entre los efectivos militares que arremetían contra las manifestaciones y asesinaban a quienes protestaban, atrayendo así la atención de los medios sobre el conflicto. Sin embargo, el efecto desgaste también jugó en contra de la oposición. Transcurridos 4 meses desde la primera convocatoria, las actividades de calle disminuyeron, los actores que todavía son moderados dejaron de hacer sus apariciones, más de 100 personas fueron asesinadas y la protesta más recurrente, los llamados “trancazos”, dejaban a la ciudadanía encerrada en sus casas.

La calle logró un apoyo sin precedentes de la comunidad internacional, pero también aceleró la ya tradicional radicalización del régimen. La instalación de la ANC dejó al país en un limbo de inseguridad e incertidumbre, y a una ciudadanía desesperanzada, a lo que se sumó la decisión de la oposición de participar en las elecciones regionales convocadas originalmente para diciembre. En el juego del gallina que se estaba desarrollando, la oposición quedó como el gallina a nivel interno, con los altos costos políticos que ello implica. Las manifestaciones tienen que volver renovadas. No basta con que los dirigentes aseguren haber leído el libro de Gene Sharp cien veces si no hay una estrategia no-violenta coherente y focalizada. Las marchas deben continuar en lugar de los “trancazos” y seguir desgastando a los animales detrás de los uniformes. Por ahora, la oposición está nuevamente sufriendo un episodio de desunión y vuelve a ser ese partido catch-all (“atrapa todo”) que nació para ser, pero para que la calle surta efecto debe volver a unirse en una sola voz.

El voto como acto de rebelión

Tanto la oposición política como la sociedad civil ha asumido desde hace unos años que votar también es un acto de rebelión. Cuando Henrique Capriles le dijo en una entrevista a Patricia Janiot (CNN) que para vencer al chavismo en elecciones había que ganar por un margen muy importante, ella se escandalizó, pero el gobernador estaba en lo correcto. El fraude estructural del que se ha valido el chavismo de manera progresiva a medida que iba perdiendo el apoyo ciudadano, pasa por la burla de controles que no están relacionados con el voto electrónico en sí, sino con todas las irregularidades y abusos que más bien toman la forma de voto asistido obligatorio, uso de recursos del Estado para propaganda oficial y movilización de electores, promoción de mitos que calan en la población como que el voto no es secreto, etc. Especialmente desde 2012, cuando la oposición se inscribe en elecciones, lo hace sabiendo que la cancha está inclinada a favor del oficialismo de manera brutal, cual ejemplo de texto de autoritarismos competitivos.

Sin embargo, estos abusos que buscan asegurar un resultado favorable para el régimen siempre, no se dan abasto cuando la ciudadanía en pleno se vuelca sobre las urnas y, junto a los testigos de los partidos políticos y el liderazgo, se unen en la defensa de los votos. Esto, junto a las pocas garantías con las que cuenta la oposición (auditores del sistema y testigos de los partidos políticos) para hacerse con cargos del Poder Público, son las que permitieron la victoria de diciembre de 2015. Resultados maquillados por el CNE quisieron ocultar la forma en la que la MUD arrasó con el chavismo. Desde entonces, el régimen decidió que el escape electoral debía bloquearse. El costo político de perder unas elecciones es alto a nivel interno e internacional, razón por la cual también inflaron flagrantemente números de participación del 30 de julio en una elección fraudulenta en la que la oposición no participó y donde, por ende, no contó con auditores ni testigos. La abstención de la oposición determinó el desconocimiento de su resultado, lo que es algo novedoso, dado que en 2005, el boicot a las legislativas no surtió el mismo efecto.

Para estas elecciones todavía no se conoce el sistema que sustituirá a Smartmatic. Además, la complicidad del CNE con una ANC fraudulenta hizo adelantar por decreto las elecciones para octubre y después, anunció un sorpresivo corte el 15 de agosto (sin publicar cronograma claro) que no permitió que algunos candidatos de oposición retiraran su candidatura, todo con la clara intención de adelantarse a unas posibles primarias de la MUD y provocar el voto nulo incluyendo opciones en el tarjetón de candidatos que expresamente apoyen a un candidato unitario. Cuando Maduro en una alocución desde el estado Barinas el 16 de mayo de 2013 aseguró tener “la cédula de identidad y todo” de los votantes que habían votado por Chávez en 2012 pero no por él, estaba mintiendo con el claro propósito de desalentar el voto de quienes se han arrepentido de apoyarlos en las urnas. La participación masiva en todas las fases del proceso electoral sería la manera de derrotarlos en este frente, pero lograr convencer de esto a la ciudadanía puede ser difícil para la MUD.

Bajo el prisma de la comunidad internacional

El apoyo de la comunidad internacional, que empezó y aumentó con las protestas de calle en la que han muerto más de 100 venezolanos a manos de cuerpos de seguridad, es evidente: el desconocimiento de la Constituyente deja al régimen con un ámbito de acción muy reducido (Rusia y China) en lo que a aprobar préstamos internacionales se refiere. El amplio desconocimiento de la ANC y de todos sus actos en la región y el mundo, y el reconocimiento a su vez de la Asamblea Nacional como único Poder Legislativo, explica otra parte del por qué la oposición busca ir a elecciones regionales.

La mayoría de los países de la región y varias potencias occidentales han denunciado una ruptura del orden democrático, pero abiertamente han rechazado la posibilidad de una intervención armada en Venezuela, ni de Estados Unidos ni a lo interno, y ha hecho énfasis en un punto que es parte de las exigencias de la oposición desde que el hilo constitucional se quebrara en marzo: respeto a las instituciones, elecciones libres y vuelta al orden democrático.

Ante la ausencia evidente y deliberada de apoyo por parte de la comunidad internacional a un Gobierno de Transición, que se evidenció lamentablemente con el nombramiento de los Magistrados legítimos para el Tribunal Supremo de Justicia, y ante meses de una agenda de calle que ha logrado los avances más sustanciales de este conflicto a favor de la oposición pero que ha desgastado a la ciudadanía, la MUD se enfrenta a una discusión inevitable que aún no ha terminado y que implica reconfigurarse y participar en cuanto proceso provea la oportunidad de demostrar que cuenta con el apoyo de la mayoría y que son una opción democrática.

Con su participación en elecciones regionales, la oposición pareciera buscar hacerse con cuantas instituciones previstas en la Constitución existan, en este caso, las gobernaciones. Y es que contar con la Asamblea Nacional le ha valido una legitimidad importante a nivel internacional y un piso institucional para dar la lucha contra el régimen. Las gobernaciones en manos de la oposición pueden terminar siendo cascarones vacíos, desprovistas de recursos, con agencias paralelas de control (Corporaciones Estadales de Desarrollo) y hasta con gobernadores destituidos o encarcelados, pero proveen un piso institucional sobre el que avanzar a nivel internacional y configurarse cada vez más como opción real de poder.

Para el chavismo, las gobernaciones tienen un valor estratégico. Su actitud hacia el Poder Público Estadal la delata el hecho de que el Consejo Nacional Electoral excluyó a propósito la elección de los diputados estadales que conforman los Consejos Legislativos, violando nuevamente la Constitución como parte de esta ruptura continuada del orden democrático. Los Consejos Legislativos cuentan con mayoría del PSUV desde las elecciones de 2012 ¿Qué carta leguleya se reservan bajo la manga ante la inminencia y la certeza de perder casi todas las gobernaciones del país? Participar en elecciones en una dictadura definitivamente es un acto de rebelión.

Más aún cuando el discurso oficial, ahora más que nunca, desalienta de manera tan evidente la participación de quienes le adversan, explotando la contradicción superficial que representa esta decisión de la oposición política. No solo el teniente-capitán Diosdado Cabello amenazó con inhabilitar a quienes no se sometan y reconozcan la Asamblea Nacional Constituyente, sino que además se decretó adelantar las elecciones regionales: (1) en un intento de relajar la presión internacional, y (2) para presentar la decisión de la oposición de aceptar el adelanto de los comicios para octubre como un reconocimiento tácito a un decreto de una ANC que dicen desconocer. La estrategia apunta claramente a aumentar los costos de la MUD y a desmotivar a la ciudadanía, lo que revela que las gobernaciones tienen algún valor para el régimen.

Escenarios

Una transición democrática

Para la oposición, participar en las elecciones y hacerse con las gobernaciones no implica reconocer la ANC y sus decisiones (mucho menos al CNE), como tampoco se trata de la idea de “ocupar espacios” bajo un sentido tradicional electoral, sino que pareciera tratarse de una estrategia para hacerse del control de las entidades subnacionales que la Constitución reconoce y que para la comunidad internacional serían las únicas autoridades reconocibles.

Este escenario, ante la frustración y sufrimiento de la ciudadanía, implica esperar a 2018 solo para ver si el régimen se atreve a convocar elecciones presidenciales. La celebración de estos comicios, necesariamente deberá contar con medidas de presión por parte de la comunidad internacional y deben ser acompañadas por una nueva y renovada presión de calle.

Esto podría necesariamente incluir la continuidad de las actuales instituciones del Estado (contempladas en la Constitución de 1999), de autoridades chavistas, y amnistía para mandos altos, medios y bajos de las FFAA. Esta parece ser una opción que el chavismo contempla, dada su evidente intención de moldear a la oposición que le conviene, inhabilitando, encarcelando y exiliando al liderazgo más radical, y dándole más ámbito de acción a actores que se oponen con un verbo inflamable, pero que se acomodan en última instancia en negociaciones: Ramos Allup (AD), Henri Falcón (AP) y Manuel Rosales (UNT).

Sin embargo, esperar unas presidenciales no es garantía de nada. El TSJ y el CNE podrían inventar cualquier constructo para retrasar aún más esas elecciones, desgranando las que están quedarían pendientes (Consejos Legislativos Estadales, Alcaldías y Concejos Municipales). Por ejemplo, también podrían esgrimir la excusa de que las elecciones se deben celebrar en marzo de 2019 (6 años después de las elecciones que dejaron a Maduro en el poder) y no en octubre de 2018 (6 años después de las elecciones que Chávez ganó), contradiciendo el supuesto principio de “continuidad administrativa” que le permitió a Maduro postularse a las elecciones de 2013 sin separarse del cargo de vicepresidente. Uno podría ponerse creativo.

Una nueva institucionalidad

La Constituyente es un peligro latente. El decreto que supuestamente alarga su propia vida por 2 años es una amenaza permanente sobre cualquier disidencia que no se acomode a lo que busca. La metáfora más poderosa es el secuestro del Palacio Federal Legislativo, sesionando permanente donde lo hace la legítima Asamblea Nacional (que funciona sin presupuesto desde hace más de un año). El voto corporativo podría sustituir al voto directo y acabar con la salida electoral.

La peor opción de este escenario es la que se desprende del dicho del teniente-capitán Cabello cuando habló de una “nueva institucionalidad” durante la sesión inaugural de este suprapoder que pretende barrer con la República. Esa nueva institucionalidad se podría referir perfectamente a un sistema parecido al de partido único y a la recuperación de la reforma constitucional de 2007, que implicaba la implantación del Estado comunal. Podría contar con el apoyo de Rusia y China para hacerle bypass a las sanciones y perpetrar el golpe mortal. Dependerá también de que el hemisferio se acostumbre a una nueva dictadura en la región y que los países no estén dispuestos a elevar tono del conflicto.

La guerra civil

Venezuela entera se ha convertido en un volcán activo. La muerte por causa de la delincuencia, y la escasez de comida y medicinas, aunado a los recientes episodios de pequeñas rebeliones militares, son la fórmula ideal para el inicio de una guerra civil que puede hacer espiral hacia un conflicto permanente. Puede incluir un enfrentamiento eterno entre Estados Unidos, Rusia y China sobre los recursos naturales que se acumulan en el macizo guayanés (oro, uranio y otros metales), la faja petrolífera del Orinoco, y los centros petroleros de las regiones zuliana, falconiana y oriental.

Bajo la perspectiva realista de las Relaciones Internacionales, a pesar de que el botín es considerable, el riesgo que supone la sobre-extensión podría convencer a Rusia y China de desistir en su apoyo al régimen y de plegarse a un gobierno democrático, para luego enfrascarse en la cosecha de los beneficios, intereses y activos que el chavismo y el madurismo le han entregado en garantía, en su apuro por financiar su permanencia en el poder. Quedaría pendiente comprobar en qué grado está verdaderamente el chavismo comprometido con uno de sus eslóganes más famosos: Patria, Socialismo o Muerte.